El caso del garaje ilegal

Tenemos esta vez un garaje que aun administramos, pero que ahora lleva otro compañero, y en el que tuve que resolver un expediente municipal de legalización de la actividad que duró 10 años.

Se trata de un garaje de más de 5.000 m2 que tiene unas 233 plazas de coche, 12 plazas de moto y 42 trasteros. Estos últimos dieron mucho “juego” en la resolución del expediente.

A principios de los años 90, dicho garaje recibió una notificación municipal conforme debía legalizar la actividad de garaje.

Como pasaba en muchos garajes construidos en los años 60 y 70, solo tenia una licencia de puesta en marcha solicitada por la constructora y a nombre de esta.

No recuerdo el motivo exacto de la apertura del expediente, pero lo cierto es que su resolución supuso 10 largos y penosos años de gestiones que, como es lógico, nunca fueron agradecidos.

Una vez recibido el expediente, se contactó por parte de otro compañero con un ingeniero con el que este ya había trabajado en otra comunidad garaje.

Se trataba de un ingeniero muy veterano y reconocido quien, tras analizar el garaje, vio rápidamente la problemática que presentaba para poder legalizar la actividad.

Entre las tareas que se debían realizar, había varios problemas técnicos:

  • La pendiente de la rampa era superior a la permitida.
  • Solo había una salida de emergencia aparte de la propia entrada del garaje.
  • La existencia de los trasteros representaba un serio problema.

Por parte del ingeniero se presentaron varias propuestas ante los servicios técnicos del distrito de Barcelona donde esta ubicado el garaje, pero inicialmente, no había consenso.

Los principales escollos que salvar eran crear una nueva salida de emergencia, necesaria por las dimensiones del garaje, y la existencia de los trasteros.

La pendiente de la rampa se pudo corregir para conseguir un porcentaje aceptable.

Respecto a la nueva salida de emergencia por parte municipal se plantearon escenarios tan complejos como conectar mediante una escalera peatonal dos plantas del garaje.

Esto suponía eliminar “de facto” unas cuatro plazas de coche, con lo que ello conllevaba, o sea, que la comunidad de propietarios debía indemnizar a los propietarios de esas plazas por la supresión de estas.

En aquella época el precio de las plazas de garaje era mucho más elevado que ahora, por lo que llevar a cabo semejante propuesta suponía incrementar notablemente el presupuesto, ya elevado, de legalización de la actividad.

Finalmente, se encontró una alternativa menos traumática y costosa consistente en realizar una salida desde la planta inferior a una zona ajardinada exterior mediante una escalera de emergencia.

El siguiente escollo que salvar fue la legalización de los 42 trasteros.

Los servicios técnicos municipales querían inicialmente suprimir estos. Así, tal y como suena.

Recuerdo una entrevista con el jefe de los servicios técnicos y el ingeniero en la sede del distrito con el fin de hacer ver al buen señor el grave problema que esta propuesta de eliminación representaba.

Si ya la propuesta de eliminación de 4 plazas de garaje por el tema de la salida de emergencia suponía un sobrecoste económico importante, la supresión de 42 trasteros multiplicaba el sobrecoste de forma exponencial.

¿Y porque se querían suprimir los trasteros? Pues porque se consideraba que estas habitaciones suponían un grave riesgo de incendio ya que los propietarios podían almacenar en su interior sustancias inflamables como derivados de hidrocarburos, por ejemplo, aparte que las puertas eran de madera.

Nuevamente, se encontró una solución razonable para permitir la existencia de estos trasteros consistente en sustituir las puertas de madera por puertas ignífugas y colocar en el interior de cada uno de ellos y en el techo, extintores de gas halón, hoy totalmente prohibidos por tratarse de un gas que afecta gravemente a la capa de ozono de la atmósfera terrestre.

Finalmente, tras 10 largos y penosos años, y gracias a la intervención de la empresa Seremex, conseguimos legalizar el garaje.

Hay que destacar que, lamentablemente, por el camino murió el ingeniero, cuestión que ya me temía que podía pasar debido a que cuando comenzó el expediente ya era una persona de más de 80 años. Un familiar suyo, también ingeniero, concluyó su trabajo.

En medio de estos 10 años hubo numerosas reuniones con la comunidad de propietarios, gestiones ante el distrito municipal y muchas visitas al garaje.

Tal y como indicaba al principio, suele ser habitual que las comunidades de propietarios no reconozcan nunca las gestiones que hacemos los administradores de fincas, en este caso muy numerosas y fuera de lo normal, ya que se considera que forma parte de nuestro trabajo.

En Finques Chicote donde trabajo, tuve que legalizar la actividad de algún otro garaje, pero ninguna tan larga y dura como la del garaje de este articulo.

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